La Audiencia Nacional española aprobó hoy la extradición a China de 121 de los 269 detenidos hace un año de una red que estafó a cientos de residentes en ese país con timos telefónicos organizados desde España, al rechazar como argumentos su nacionalidad taiwanesa y las pocas garantías de un juicio en China.

Se trata de casi la mitad de los detenidos en diciembre de 2016 en el marco de la Operación Wall, en la que se desmontó una red que afectó a miles de ciudadanos humildes que residen en China, muchos de los cuales resultaron arruinados.

A estos ciudadanos, los integrantes de la red les hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país y les pedían dinero a cambio de poner fin a esas ficticias pesquisas.

Se calcula que esta organización criminal habría cometido un total de 839 estafas, por un valor de 120 millones de yuanes, equivalentes a más de 16 millones de euros.

La Audiencia Nacional de España ha dado luz verde a la entrega a China de estas personas al considerar que se cumplen los requisitos del tratado de extradición con ese país, de doble incriminación y mínimo de pena.

En un auto judicial, explica que los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en los códigos penales chino y español, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la Justicia española deniegue las extradiciones.

En la vista de extradición de estos 121 detenidos, que se celebró de forma conjunta al estar todos ellos representados por un mismo abogado, este letrado pidió la nulidad de la extradición porque, entre otras cosas, tienen la nacionalidad taiwanesa.

La defensa también cuestionaba que China respetara su derecho a un proceso con todas las garantías y los derechos fundamentales de los detenidos, pero el tribunal rechazó todos sus argumentos.

En relación con la nacionalidad taiwanesa, considera que el derecho internacional ha ido adoptando "una postura tendente a la aceptación del principio de una única China" y que Taiwán es parte de la República Popular.

"Es un hecho notorio que el gobierno de Taiwán se erige como un gobierno con todas las competencias en la práctica, siendo reconocido como tal, pero ello no implica, sino todo lo contrario, el reconocimiento de Estado", señala el auto en el que se recuerda que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978, solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y no tiene relaciones con la Unión Europea (UE).

Sobre el posible trato inhumano o degradante, así como la falta de garantías en China, se basa en doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional para concluir que es preciso aportar motivos precisos y concretos que acrediten las posibles vulneraciones, algo que no ha quedado acreditado por la defensa. 

EFE